El pasado 5 de julio de 2010 se aprobó la Nueva ley 15/2010 contra la morosidad en las operaciones comerciales entrando en vigor 2 días más tarde y 5 años después de  que lo hiciera la Ley 3/2004.

En ella se obliga a nuevos plazos máximos para el pago a proveedores. Con el fin de conseguir un plazo de 60 días entre empresas del sector privado y 30 días en caso de administraciones públicas.

Estos plazos se van a imponer  de forma progresiva para facilitar su adaptación, desde la entrada en vigor de esta ley hasta la fecha límite, el 1 de enero de 2013.

Durante este periodo las empresas empezaran por 85 días máximo, y se reducirá a 75 durante el año de 2012 para alcanzar finalmente los 60 días previstos. En caso de la administración pública se comenzara por 55 días, que como en el caso del sector privado se irá reduciendo a 40, hasta llegar al plazo estipulado.

Además de esto, el texto prevé casos excepcionales como son las empresas que se dediquen al a construcción de obra civil,  que dispondrán de un plazo de 120 días hasta finales de este año 2011, así como para el pago de productos frescos y perecederos para los que se mantienen los 30 días de pago.

La reforma dispone de otras ventajas entre las cuales podríamos destacar las siguientes:

– Se podrá solicitar indemnizaciones por los costes de cobro, con un límite del 15% para las deudas superiores a 30.000 Euros.

– Se declarara nula cualquier cláusula que contradiga lo dispuesto en esta ley.

– Habrá un nuevo procedimiento judicial para la reclamación en caso de las Administraciones públicas.

Con esta modificación, España intenta situarse a los mismos niveles que el resto de Europa en cuanto a plazos de pago se refiere, intentando evitar la pérdida de pymes y autónomos por falta de liquidez. Ya que con la ley anterior y ante la falta de pacto entre las partes, a menudo nos encontrábamos ante plazos excesivamente largos que hacían que hubiera que disponer de una financiación a parte que acaba asfixiando a la pequeña y mediana empresa.

Aun así, hoy día la morosidad sigue siendo un problema en la economía de nuestro país mientras que las partes implicadas no acaten la norma, bien sea por desconocimiento o endeudamiento. La falta de rigor para llevar a cabo su ejecución ha llevado a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, la misma que  empujo a este cambio, a encargarse de supervisar el cumplimiento de los mismos.

El billeteroAunque se considera esta medida oportuna, algunos frentes hablan de ella como insuficiente si no va de la mano de sanciones severas en caso de infracción.

Ocho meses después de la entrada en vigor de la nueva ley, La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad nos ofrece unos resultados que muestran que los plazos de pago para la empresa privada se recortan, aunque siguen por encima de lo previsto, el resultado se considera positivo.

Curiosamente, en el caso de la Administración Pública, esos plazos siguen aumentando, sobre todo en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.